Una profunda inquietud ha comenzado a recorrer las regiones del sur de Chile, especialmente en comunas como Pucón, donde la presencia constante del volcán Villarrica impone un escenario de riesgo latente. A partir del 4 de julio de 2025, el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), institución clave en la vigilancia sísmica del país, implementará una reestructuración en su sistema de monitoreo que podría debilitar seriamente la capacidad de respuesta ante emergencias volcánicas.
La modificación, impulsada por ajustes presupuestarios a nivel nacional, contempla la incorporación de un sistema automatizado. Aunque se trata de una herramienta tecnológica moderna, este modelo aún no ha sido plenamente validado y no asegura la cobertura necesaria para todos los volcanes actualmente vigilados.
Uno de los puntos más delicados de esta reestructuración es la eliminación del contrato de apoyo externo para el monitoreo, sumado a una reducción del 30% en el personal operativo. Esto implica menos expertos en terreno, recortes en jornadas laborales y la eliminación de funciones clave como el análisis avanzado de datos, lo que afectaría directamente la calidad del sistema de alerta temprana.
Pucón, como muchas otras localidades ubicadas en zonas de riesgo volcánico, depende de un monitoreo constante y preciso. El volcán Villarrica, conocido por su actividad frecuente y su cercanía a centros poblados y turísticos, requiere un sistema de vigilancia robusto y profesional, algo que podría verse gravemente comprometido con la reducción de recursos humanos y técnicos.
Desde el municipio de Pucón, las autoridades han expresado su total rechazo a los recortes, advirtiendo que estas decisiones se alejan de cualquier criterio de prevención y gestión de riesgo. La demanda es clara: mantener la inversión en monitoreo volcánico es una necesidad básica para proteger vidas humanas y el desarrollo turístico de la zona.
En este contexto, expertos en vulcanología y autoridades locales hacen un llamado al gobierno central para repensar esta reestructuración. No se trata solo de un ajuste técnico o administrativo, sino de una decisión que podría marcar la diferencia entre la prevención eficaz y la tragedia en comunidades que viven bajo la sombra activa de los volcanes del sur.
