La Contraloría Regional de La Araucanía emitió el informe N°168 de 2024, donde se detectaron múltiples irregularidades en la ejecución del proyecto piloto “Evaluación de un sistema regional piloto de recaudo, información al usuario y gestión del transporte”. Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno Regional (Gore) y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (Seremitt), con el objetivo de modernizar el sistema de transporte público en Temuco y Villarrica mediante la instalación de validadores de pago electrónicos.
El proyecto tenía un presupuesto total de $461 millones, de los cuales ya se habían desembolsado $396 millones a la empresa encargada de su implementación, Cityplanning SpA. Sin embargo, según el informe, el sistema no fue implementado en su totalidad, especialmente en Temuco, debido a una serie de dificultades técnicas y de gestión.
Principales observaciones del informe
Entre los principales problemas detectados se encuentran:
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La falta de adhesión por parte de los operadores de transporte, quienes no aceptaron participar del plan piloto.
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Ausencia de colaboración por parte de operadores tecnológicos, fundamentales para implementar el sistema.
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Incumplimientos graves de la empresa ejecutora, como atrasos en la entrega de informes técnicos, algunos de ellos con demoras de hasta 288 días.
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Pese a estos incumplimientos, no se aplicaron sanciones ni multas contractuales, lo que derivó en un perjuicio financiero que ahora debe ser revisado.
La Contraloría estableció que la empresa debió haber recibido una multa cercana a los $96 millones, la cual no fue aplicada por las autoridades a cargo del proyecto.
Finalización anticipada y falta de control
Uno de los puntos más críticos del informe tiene relación con la forma en que se puso fin al contrato. El Gobierno Regional dio por terminada la relación contractual mediante una resolución que invocaba una causal de “mutuo acuerdo” con el proveedor. Sin embargo, Contraloría concluyó que dicha justificación no se ajustaba a las condiciones reales del caso, ya que existían fundamentos claros para terminar el contrato por incumplimiento.
A lo anterior se suma una falta de control y supervisión efectiva por parte del Gore y la Seremitt. El ente fiscalizador detectó deficiencias tanto en el seguimiento del cumplimiento contractual como en la aplicación de sanciones previstas en caso de incumplimiento, lo que facilitó la ejecución irregular del proyecto.
Acciones ordenadas
Como consecuencia de estos hallazgos, la Contraloría ordenó:
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Iniciar procedimientos disciplinarios en ambos organismos públicos para determinar responsabilidades administrativas.
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Evaluar la procedencia de aplicar multas por un total de $95.964.504 a la empresa ejecutora.
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Adoptar medidas para corregir el perjuicio ocasionado al erario fiscal.
