Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas en La Araucanía. Siete comunas de la región figuran entre las que no han cumplido con el envío de información clave sobre seguridad pública, a pesar de estar catalogadas entre las más vulnerables frente a la delincuencia, según los registros de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD).
Este reporte forma parte de un análisis nacional que expone una preocupante realidad: el 90% de los municipios del país no han remitido, dentro de los plazos legales, sus planes comunales de seguridad ni las actas de las sesiones de sus consejos preventivos.
En La Araucanía, la situación adquiere un tono aún más crítico, ya que varias de las comunas observadas están catalogadas como zonas “urgentes” por su alta exposición a delitos graves, violencia de género y condiciones socioeconómicas desfavorables. Estos factores, según la SPD, elevan el riesgo delictual y demandan mayor coordinación institucional.
Las comunas al debe
Entre los casos más graves se encuentra Curacautín, que no habría reportado ninguna sesión de su consejo de seguridad entre julio de 2021 y febrero de 2025. Por otro lado, Ercilla, Galvarino, Purén y Lonquimay no habrían entregado sus planes actualizados, mientras que Nueva Imperial y Pucón contarían con planes vencidos a la fecha señalada.
El incumplimiento no es menor: la normativa vigente establece que los planes deben actualizarse cada año y que los consejos comunales de seguridad deben reunirse, al menos, una vez al mes. La falta de esta información limita el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de prevenir delitos y debilita la respuesta estatal en zonas donde más se necesita.
Medidas desde el órgano contralor
Frente a este escenario, la Contraloría instruyó la apertura de sumarios administrativos en los municipios involucrados. Asimismo, remitió los antecedentes a la SPD, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad.
Este llamado de atención no solo refleja falencias administrativas, sino que también pone en evidencia una deuda pendiente con las comunidades más expuestas a la inseguridad.
